¿Por qué no se comprende el lenguaje jurídico?

En una nota reciente, se comentaba la dificultad abrumadora que tiene cualquier documento jurídico para una persona que no está habituada a su lenguaje: el dichoso documento simplemente es incomprensible. ¿Por qué? En la nota se resalta la dificultad del vocabulario técnico. Palabras o frases como moratoria, litisconsorcio, in dubio pro operario, usucapión, litispendencia o similares, parecen sacadas de algún antiguo tomo de conjuros de magia oscura, que más hacen temer que dar confianza, pero el problema es que no lo son: son términos jurídicos perfectamente habituales en la práctica profesional del Derecho, lo cual muchas veces hace que nos preguntemos si no será esa la principal razón de que los ciudadanos no juristas no sepan qué está pasando cuando se les habla con tales palabras.

Pareciera, si hemos de considerar lo que indica el artículo, que sí, que la razón principal por la que un ciudadano cualquiera no logra desentrañar el sentido de un documento judicial o de un contrato, por ejemplo, es simplemente porque los abogados usan palabras "raras". Entonces, ¿no sería lógico que simplemente les dijéramos a los abogados que dejaran de usar tanta palabrería incómoda y que prefirieran utilizar un lenguaje llano, común y corriente, para decir lo que tienen que decir? En algunas propuestas dirigidas a clarificar el lenguaje de las instituciones públicas en general, ésta ha sido precisamente la petición: eliminar los términos oscuros y sustituirlos por palabras comunes y corrientes, para que todo el mundo entienda, de una buena vez, qué está pasando con sus asuntos. De hecho, se ha ido más allá de solo eliminar palabras oscuras: se ha pedido que toda la estructura lingüistica del texto sea sencilla, sin importar qué tipo de texto sea, con mayor razón si se trata de un texto legal. Hay toda una organización internacional enfocada precisamente en promover el lenguaje jurídico sencillo.

Sin embargo, el asunto no parece ser tan fácil. Eliminar palabras oscuras y sustituirlas por otras corrientes no parece ser la solución al problema. En primer lugar, porque la terminología oscura no es la sola razón de que el lenguaje jurídico sea incomprensible. En este sentido, el filólogo español, José Antonio González Salgado, apunta a varios factores que pueden causar los problemas de comprensión de este tipo de lenguaje: uno es la terminología, ciertamente, pero otros más difíciles de solucionar tienen que ver con la redacción (ampulosa, descuidada o pretenciosa) y los defectos de formación en la escritura que presentan muchos abogados y jueces. Esto significa que, si bien podríamos cambiar toda la terminología del Derecho por otra corriente o sencilla, aun así tendríamos textos jurídicos incomprensibles, pues muchos abogados simplemente no saben escribir bien.

Por otro lado, en segundo lugar, el lenguaje especializado del Derecho existe por una razón muy básica: se necesita. Es así que, aunque cualquiera podría pensar que sustituir las palabras "oscuras" por otras "corrientes" podría ser muy directo, en realidad, se trata de sustituir términos técnicos -destinados a indicar conceptos teóricos muchas veces complejos- que no tienen equivalente en el lenguaje común, precisamente porque son parte de un lenguaje especializado. En efecto, ¿cómo sustituir usucapión? ¿O subrogación? ¿O tercería? Han sido creadas porque designan conceptos específicos: ¡no tienen equivalente exacto en el lenguaje común!

Y es aquí donde nos hallamos. El lenguaje jurídico no se comprende por muchas razones: la primera, porque en sí mismos, muchos textos del Derecho han sido mal redactados o escritos con exceso de estructuras complicadas; la segunda, porque hay una barrera entre las necesidades de una especialización y las del ciudadano que necesita comprender lo que sucede con él, en especial, cuando está envuelto en un asunto legal.

Una respuesta posible se halla, asimismo, en una combinación de factores: por un lado, es necesario reeducar a los abogados para que escriban sin enredos. Y, por el otro, es necesario identificar cuáles textos legales podrían ser redactados de forma tal que los ciudadanos no tengan que lidiar con el lenguaje técnico. En la medida en que logremos encontrar ese balance, podríamos comenzar a solucionar un problema que, aunque no lo parezca, es más grave de lo que pensaríamos.